Art 155 constitucion española

Constitución española de 1812

La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.

Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los “padres de la Constitución”. Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).

El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda (“color de soldadura”) por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

Constitución española pdf

El artículo 155 se ha descrito a menudo como la “opción nuclear” y se ha puesto en marcha en medio de un pulso entre Barcelona y Madrid tras el referéndum catalán del 1 de octubre. ¿Pero qué es el artículo 155?

Dice que si un gobierno regional “no cumple con las obligaciones de la Constitución u otras leyes que ésta imponga, o actúa de forma que atente gravemente contra los intereses de España”, el gobierno nacional puede pedir al Senado que vote el uso de la medida.

Josep Costa, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, declaró a Al Jazeera: “El gobierno español realmente no tenía un plan para proceder con el 155, así que hay mucha incertidumbre sobre lo que se puede hacer y lo que no”.

Constitución española en filipinas

Esta semana he recibido una respuesta de la Comisión en la que se afirma que las medidas adoptadas para resolver la crisis de Cataluña son constitucionales. Sin embargo, varios expertos -entre ellos varios antiguos miembros del Tribunal Constitucional- han afirmado que la aplicación del artículo 155 es totalmente ilegal.

Así, el requerimiento exigido para iniciar este procedimiento no especificaba los daños causados ni la forma de resolverlos. Además, contenía destinatarios indeterminados, por lo que el Parlament podía ser disuelto, de facto, sin la autorización para ello.

Por último, el Gobierno ha sustituido a las autoridades catalanas legalmente elegidas por el pueblo para que trabajen en su nombre, en lugar de garantizar que estas autoridades cumplan con sus obligaciones. A la vista de estos hechos, quiero formular las siguientes preguntas:

Constitución española de 1978

2017-2018 Crisis constitucional españolaParte del movimiento independentista catalánLocalización de Cataluña (verde oscuro)- en Europa (verde y gris oscuro)- en España (verde)Fecha6 de septiembre de 2017 – 1 de junio de 2018(8 meses, 3 semanas y 5 días)LugarEspaña, principalmente Cataluña(algunos sucesos en toda Europa)Provocado por

Carles PuigdemontOriol Junqueras (detenido)Joaquim Forn (detenido)Jordi Turull (detenido)Carme Forcadell (detenida)Josep Lluís Trapero (hasta el 28 de octubre de 2017)Anna GabrielCarles RieraRoger Torrent (desde el 17 de enero de 2018)Quim Torra (desde el 14 de mayo de 2018

La crisis constitucional española de 2017-2018,[7] también conocida como crisis catalana,[8] fue un conflicto político entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña del expresidente Carles Puigdemont -el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña hasta el 28 de octubre de 2017- por la cuestión de la independencia de Cataluña. Comenzó después de que la ley que pretendía permitir el referéndum independentista catalán de 2017 fuera denunciada por el Gobierno español del presidente Mariano Rajoy y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional hasta que se pronunciara sobre la cuestión[9][10] Algunos medios de comunicación internacionales han descrito los acontecimientos como “una de las peores crisis políticas de la historia moderna de España”[11].